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Jurisprudencia Justicia Laboral Nacional
Distintos fallos de la justicia federal nacional

Certificado de trabajo (art. 80 LCT)
A menudo es frecuente la confusión entre el “certificado de trabajo” del art. 80 de la LCT, con la “certificación de servicios y remuneraciones” de la ley 24.241, y constancia de aportes al trabajador. Este fallo disipa las dudas entre las mismas, quedando claro que en la certificación de servicios que se expide en un formulario de la ANSES (P.S.6.2.) se insertan datos similares, aunque no del todo coincidentes con los exigidos por el art. 80 LCT. Este se utiliza para gestionar un reconocimiento de servicios o la obtención de un beneficio previsional, quedando archivado en las oficinas de la ANSES mientras que el certificado laboral se usa para conseguir otro empleo.Tampoco el formulario P.S.6.2 sustituye a la constancia de aportes que junto con el certificado laboral debe entregar el empleador al trabajador.

SENTENCIA Nº 90947. CAUSA Nº 27.237/2004 SALA IV. “GONZALEZ CLAUDIA ROXANA C/ CARGOS S.R.L. S/ CERTIFICADO DE TRABAJO” JUZGADO Nº 62

En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 21 días DE NOVIEMBRE DE 2005, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso contra la sentencia apelada, se procede a oir las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Guisado dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia (fs. 99/100) que desestimó la demanda deducida en procura de la entrega de los certificados del art. 80 de la LCT y del pago de la indemnización prevista en dicho precepto legal, apela la actora, a mérito del memorial de fs. 105/108. Para resolver de ese modo, el Sr. Juez a quo consideró que, con la certificación que la empresa instrumentó en el formulario P.S.6.2 de la ANSES y que entregó a la trabajadora en la audiencia celebrada en el SECLO, cumplió cabalmente con la obligación prevista en la norma citada. Agregó que la certificación de aportes previsionales carecía de utilidad práctica para la reclamante y que la exigencia devenía “excesiva por innecesaria”, dado que la trabajadora podía obtener la información en la ANSES, en forma personal o por internet.
A su vez, la apelante se queja porque considera que el sentenciante se apartó de la norma aplicable al caso (el citado art. 80 de la LCT) mediante apreciaciones subjetivas que se contraponen con las obligaciones e indemnizaciones allí previstas; y cita jurisprudencia en apoyo de su postura.

II) Considero que le asiste razón a la apelante, ya que la actora exigió en su carta documento la entrega del certificado de trabajo y de la constancia documentada de aportes (ver fs. 22).

Si bien la demandada contestó que “los certificados art. 80 LCT se encuentran a su disposición desde el 21 de setiembre de 2004 en nuestra Sucursal Norte” (fs. 24), lo cierto es que sólo le entregó a la actora el formulario P.S.6.2 de la ANSeS (es decir, la llamada “certificación de servicios y remuneraciones”, cfr. fs. 51/52), que no es ninguno de los dos instrumentos que le reclamó la trabajadora.
En efecto, como juez de primera instancia sostuve, en un caso sustancialmente análogo al sub lite, que no debe confundirse el “certificado de trabajo” del art. 80 de la LCT, con la “certificación de servicios y remuneraciones” de la ley 24.241, ya que: “Esta última se expide en un formulario de la ANSES (P.S.6.2.) en el que se insertan datos similares, aunque no del todo coincidentes con los exigidos por el citado art. 80 LCT. Además, la finalidad de uno y otro certificado es distinta: el primero le sirve al trabajador para conseguirse otro empleo, mientras que el segundo se utiliza para gestionar un reconocimiento de servicios o la obtención de un beneficio previsional, y queda archivado en las oficinas de la ANSES”[1].

Asimismo, en esa ocasión afirmé también que el formulario P.S.6.2 tampoco sustituye a la constancia de aportes, pues, como lo ha sostenido la Sala VI, “Cabe señalar que, más allá de la costumbre imperante entre los empleadores, el certificado de servicios y remuneraciones no equivale a las constancias de los aportes depositados por el empleador en su momento o en la actualidad: la norma del art. 80 RCT es estricta al respecto, exigiendo que el empleador libre el certificado de trabajo en las constancias del caso, entre ellas la calificación profesional obtenida en el o los puestos de trabajos desempeñados, hubiere o no realizado el trabajador acciones regulares de capacitación (ley 24.576) y, al mismo tiempo, las constancias documentadas de los aportes: mientras ello no suceda, incumple con la norma y debe ser compelido a cumplimentarla” [2].

En síntesis, la demandada no entregó ninguno de los dos instrumentos solicitados por la trabajadora, por lo que corresponde revocar la sentencia apelada y condenar a aquélla a adjuntar, dentro del quinto día, el certificado de trabajo y la constancia de aportes, bajo apercibimiento de astreintes, y a abonar, en igual plazo y mediante depósito en autos, la indemnización del art. 80 de la LCT, que asciende a la suma de $ 2.775,69 tres veces la mejor remuneración de $ 925,23, cfr. fs. 51). Esta suma llevará intereses desde el 4 de noviembre de 2004 hasta el efectivo pago a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según la planilla que difunda la Prosecretaría General de la Excma. Cámara del Fuero; para la fracción del período mensual que se halle en curso se aplicará el promedio correspondiente al mes anterior (art. 622 del Cód. Civil; CNAT, Acta 2357 del 7/5/02, modif. por res. 8 del 30/5/02).

II) En atención al nuevo resultado del pleito que por el presente propongo, correspondería dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios, procediéndose a su determinación en forma originaria (art. 279 Cód. Procesal), lo que tornaría abstracta la consideración de los recursos deducidos a fs. 103 y 108. Sugiero imponer las costas, en ambas instancias, a la demandada (art. 68 Cód. Procesal) y regular los honorarios de la representación y patrocinio de la actora y de la demandada en las respectivas sumas de $ 878 (mínimo arancelario de $ 500, más el 30% por la procuración, más el 35% por su actuación en la alzada) y $ 813 (mínimo arancelario de $ 500, más el 30% por la procuración, más el 25% por su actuación en la alzada) (arts.
6, 7, 8, 9, 14 y conc. Ley 21.839 y 38 L.O.).

IV) En resumen, voto por: 1) Revocar la sentencia apelada, condenando a la demandada a adjuntar, dentro del quinto día, el certificado de trabajo y la constancia de aportes, bajo apercibimiento de astreintes, y a abonarle a la actora, en igual plazo y mediante depósito en autos, la suma de $ 2.775,69, con más sus intereses en la forma indicada. 2) Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios. 3) Imponer las costas, en ambas instancias, a la demandada. 4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio de la actora y de la demandada en las respectivas sumas de $ 878 y $ 813.

El doctor Moroni dijo:

Que adhiere por análogos fundamentos al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la sentencia apelada, condenando a la demandada a adjuntar, dentro del quinto día, el certificado de trabajo y la constancia de aportes, bajo apercibimiento de astreintes, y a abonarle a la actora, en igual plazo y mediante depósito en autos, la suma de $ 2.775,69, con más sus intereses en la forma indicada. 2) Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios.
3) Imponer las costas, en ambas instancias, a la demandada. 4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio de la actora y de la demandada en las respectivas sumas de $ 878 y $ 813. Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.